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Urbanismo a la brava en Cali: Jarillón y Terminal Sur

En Cali hay distintos procesos de urbanismo. Dos casos, no únicos, el del Jarillón del río Cauca y el del Terminal Sur, son cuestionados incluso por los organismos de control. Información recopilada por el edil de la Comuna 6, Marcel López, y los profesionales Nathaly Cruz, Julián Rincón y Ángela Quevedo devela hechos que demandan explicación tanto de la administración Armitage como del gobierno nacional.

Este último, mediante el Fondo de Adaptación, lidera el Macro-proyecto del Jarillón: un programa de obras que apunta a mitigar el desbordamiento del Cauca y del Cali y la afectación que pudiera tener sobre la planta de agua de Puerto Mallarino, que aprovisiona al 72% de la ciudad, la PTAR de Cañaveralejo y la estación de bombeo del Paso del Comercio. Dichas obras exigen desplazar a 8.700 familias asentadas en inmediaciones de las riberas.

Pasados cinco años, la reubicación de esos hogares avanza a paso de tortuga, mientras que el hostigamiento para el desalojo y la represión sí van a toda máquina: a unas familias se les expide un exiguo auxilio de arrendamiento y a otras se asignaron viviendas VIP y VIS; sin embargo, entre los dos operadores encargados, COMFANDI y el FEV de Cali, mantienen en vilo a cerca de 6 mil familias. Iniquidad similar han vivido PYMES que fueron desterradas, en los mejores casos, con $50 millones para cubrir el daño. A contramano, según Iván Mustafá, un Parque Lineal sucedáneo valorizaría algunos terrenos circundantes.

Tampoco progresan las obras de infraestructura, ejecutadas por CVC y Emcali, para cuya gerencia y coordinación se contrató directamente a la Fundación FDI por $32 mil millones y a 44 meses, ya transcurridos. En julio de 2017, al hacer la auditoría del Plan, la Contraloría de Cali rajó la Gestión calificándola con 48,7 puntos sobre cien; en Legalidad, le puso solo 25,5; en Ambiental, en la que destacaba el retraso en las obras, apenas 39, y en Control Financiero, 50. Determinó 28 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, fiscal y penal, ratificando un Informe de octubre de 2016 de la Contraloría General de la República, que habló de “cifras caóticas”.

También en el Sur concita rechazo ciudadano la edificación del Terminal del MIO con sus patios-talleres. Modificando el emplazamiento original en Piedragrande, el Terminal se implantó sobre el Humedal El Cortijo, ubicado en un lote cuya adquisición no trasmite suficiente transparencia. El predio es parte de uno mayor de 160 mil, comprado como rural por un particular y vendido a MetroCali como urbano. Había sido adquirido a la antigua DNE por $27.700/m2 y fue vendido por casi $280.000/m², un incremento del 1.000%. La parte correspondiente a los talleres está en controversia, pendiente de jugosa indemnización por expropiación.

La administración se empeña en negarle valor ambiental al Cortijo, catalogándolo como “un meandro del río Lili” y desconociendo hechos remarcados en 2011 desde el Plan Parcial del Sur. Se talaron 238 árboles y se hizo un cerramiento que lo aísla del río; que rompe su continuidad con la estructura ecológica principal conectada con el Parque los Farallones; que no lo valora como Bosque Cálido Humedal en Piedemonte; que desconoce olímpicamente la existencia de 24 familias y 49 especies de aves, así como de otros géneros pioneros de Bosque Seco Tropical.

Así mismo deslegitima la condición de patrimonio arqueológico, de indígenas asentados en épocas prehispánicas, en esas áreas consideradas de “expectativa arqueológica media”. La administración veló al parecer estos elementos al solicitar a la CVC el permiso ambiental para la construcción.

Mientras se originan impactos en movilidad y bienestar que padecerán los habitantes de las comunas 17 y 22, se provoca una valorización automática, que alcanzará tanto el segmento del lote que quedó por fuera del Terminal como al suelo comprendido por otros planes parciales del sur de Cali, que abarca 1.632 hectáreas de expansión, y hasta la zona franca Zona-América. El proyecto está en curso y lo construye la firma SAINC en contratos por un total de $90 mil millones, que se añadirán a los $726 mil millones que Cali ya adeuda por obras de infraestructura. Entre tanto, no se define el impuesto de plusvalía que pagarían los proyectos inmobiliarios en gestación.

El presente urbanismo de Cali vulnera derechos ciudadanos y normas ambientales, afecta la sostenibilidad financiera de la Hacienda y quebranta parámetros en distintos órdenes. Así, con recursos públicos, deja bastantes perdedores y pocos ganadores. “Van porque van”, desafía Armitage.

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