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Ley TIC: “ley sastre”

“Despacio, que nos encunetamos”, dijo Mockus con respecto al proyecto de Ley 152, que “moderniza” y “distribuye competencias” en las tecnologías de información y telecomunicaciones (TIC). Con razón, porque mientras aparecen aspectos discutibles, surgen episodios como la censura al programa Los puros criollos por opiniones de Santiago Rivas en La Pulla.

Aunque la ley no lo nombra, el regulador único propuesto para redes y servicios de telecomunicaciones, radio, televisión, internet y postal es la adaptación a mercados globales dominados por conglomerados multimedia como Fox, AT&T, Disney, Comcast y Alphabet, que representan la “convergencia”, por su integración vertical y horizontal en las varias dimensiones de esta industria.

Para conseguirlo, como en la fábula de la zorra y la gallina, se ofrecen dádivas a los agentes nacionales que pueden afectarse, en especial en televisión, donde los extranjeros copan en Colombia más del 40 % de la pantalla.

Cuentas largas muestran que los operadores de televisión por suscripción —con cobro del 2,2 % de sus ingresos— se ahorrarán $1 billón en los próximos diez años por “habilitarse” para prestar el servicio; a los concesionarios de canales privados, a los que se les otorga régimen de “habilitación general”, se les exime en 2019 de $128.000 millones, a cambio de cuotas de $26.000 millones anuales, y al consorcio Promesa Futura, que pagó $107.000 millones por espacios en el canal Uno, se le hizo “un arreglo”.

Encima de todos irán las OTT, proveedoras de contenidos vía streamingen computadoras, dispositivos móviles, reproductores digitales o televisores inteligentes. Son servicios de video y datos, con facturación global de más de $100.000 millones al año, como Amazon, Fútbol TV, Netflix, YouTube y otros, que tendrán enormes ganancias sin poner un centavo: una ley a su medida.

Los costos del almuerzo estarán en la televisión pública —sobre todo regional—, que por las gabelas brindadas verá reducidos a FONTV, fondo para fomento y financiación para la producción de contenidos, y a FonTIC, financiador de proyectos TIC y de las TIC sociales, en particular de la promocionada TDT. Con menos recursos, dichos fondos estarán obligados a fusionarse y el faltante correrá, según el proyecto, por iniciativas privadas que “cerrarán la brecha digital”, habida cuenta de los pagos que harían veinte millones de potenciales nuevos usuarios.

Entre los perdedores están los valores constitucionales de la televisión como bien social: la democracia, la libertad de información y de expresión, puestas en entredicho tanto al reservarse el Gobierno de turno el control de los contenidos, por intermedio del MinTIC, como al prescribirse que las concesiones serían hasta por veinte años prorrogables. Un modelo colonial, como el del TLC con Estados Unidos, donde ha quedado excluido el espectro, parte del territorio nacional. El proyecto menoscaba la soberanía cultural y se traducirá en la pérdida de autonomía para la política pública y en el marchitamiento de las expresiones culturales autóctonas; el peor aspecto, según la comisionada Camila Villamizar.

¿Vale preguntar, luego del recuento, cuánto inciden en esta “ley sastre” la economía naranja y los vínculos laborales anteriores de la ministra Constaín con Facebook y Apple? ¿La zorra, hambrienta, podrá dejar de comerse la gallina?

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