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La “economía mixta”: lo último en contratación pública y corrupción

Una forma distinta de corrupción está haciendo estragos en varios departamentos o ciudades del país. ¿Quiénes son los corruptos y cómo nos están robando?

Antioquia y el gobernador Luis Pérez

El pasado 28 de marzo la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) publicó un informe titulado “El sofisticado mecanismo de corrupción de Luis Pérez”. El informe muestra que políticos, congresistas, excongresistas y criminales se han favorecido de “una sociedad de economía mixta denominada Valor +”, que cuenta con aportes de capital privado y dineros públicos provenientes del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

A partir de los debates realizados por el diputado Luiz Peláez en la Asamblea del departamento, los investigadores de esa fundación, Ariel Ávila y Esteban Salazar, denuncian que Valor + ha sido utilizada para todo tipo de contrataciones “asignadas a dedo, con sobrecostos y mal ejecutadas”. En 2016 y 2017 el valor de esos contratos ascendió a 16.960 millones de pesos.

La investigación identifica a los funcionarios y beneficiarios de la empresa, donde fueron nombrados allegados de socios políticos y financiadores de la campaña de Luis Pérez, el actual gobernador de Antioquia. Pero además menciona 31 “aliados estratégicos” con los cuales Valor + ha adelantado contratos de distinta índole. Entre ellos se destacan:

  • TRONEX, vinculada al clan Ramos y al actual candidato a la alcaldía de Medellín, Alfredo Ramos Maya.
  • QUIPUX, que ha construido un emporio en torno al negocio de fotomultas y registros y manejo del RUNT; y
  • FUREL, una empresa en proceso de “extinción de dominio de sus bienes por lavado de activos” que es de Hernán Moreno, reconocido financista de campañas y acusado por obras no ejecutadas en Armenia.

El informe denuncia convenios interadministrativos con municipios como Guarne, El Retiro y Rionegro en los cuales median favores y diversas contraprestaciones políticas y económicas. De acuerdo con ellos, Pérez ha hecho de Valor + un instrumento de aparente ropaje legal para gestionar prebendas —incluidos procesos de titulación de tierras— en beneficio de sus favoritos.

La parranda de la contratación en Barranquilla

Pero el gobernador Pérez no es el único que utiliza las empresas de economía mixta para llevar a cabo sus maniobras oscuras. Este “sofisticado mecanismo” se ha extendido a lo largo y ancho de Colombia y ha sido utilizado por varios gobernantes locales.

El académico y economista Jairo Parada develó en el periódico El Heraldo cómo —mediante mecanismos similares— se hacen ferias y fiestas en la alcaldía de Barranquilla de Alejandro Char. En una columna titulada “Los socios”, delata los “altos niveles de concentración de los beneficiarios de la contratación”, “en arroyos, parques, juegos deportivos y obras de todo tipo”.

Entre los beneficiarios se destacan las firmas A Construir de los hermanos Daes, Valorcon de la familia Gerlein, Donado & ArceAEIngenieros CivilesYacamanSergio TorresInversiones Jacur(Faisal Cure), y otras que se repiten seguidamente en las obras de contratación.

Parada también revela que los antiguos procesos de contratación pública por concesiones han sido reemplazados por “sociedades de economía mixta, donde no hay concurso, sino que se cita al socio a una notaría” y nombra como ejemplos al “Alumbrado Público de Barranquilla S.A.S.”, a “Mi Red IPS” y a “Siembra Barranquilla”, “empresas mixtas que funcionan como de derecho privado”.

En otras investigaciones —de una veeduría independiente— se descubrió que:

  • En la primera de las empresas anteriores, la del alumbrado, el Distrito tiene una participación del 65 % mientras que William Vélez —también concesionario del aseo— y el grupo Daes tienen el 35 % restante. Pero en un clásico negocio “entre tigre y burro amarrado”, los ingresos se derivan en un 59 % del recaudo del impuesto al alumbrado por treinta años, lo que solo en 2018 les reportó casi 43 mil millones de pesos.
  • A “Mi Red IPS” se le entregó el usufructo de la red pública hospitalaria durante 30 años para cubrir 650 mil usuarios. La sociedad mixta cuenta con una participación oficial del 65 %, y el 35 % restante es de la sociedad privada Cuidar Salud.
  • “Siembra Barranquilla” ha tenido a Tropipalmeras como proveedor especial para arborizar la Circunvalar, el Paseo Bolívar, la Castellana, el Boulevard de la carrera 53 y la plaza de La Concordia. Tropipalmeras es una firma de los hermanos de la exalcaldesa y candidata a la gobernación del Atlántico, Elsa Noguera.

Los ingresos y costos de estas sociedades “mixtas” están fuera del control ciudadano y actúan en genuina “zona franca” frente a la Ley, como ha pasado con la Triple A, donde grupos españoles han hecho las del diablo sin mediar objeción.

Resistencia ciudadana en Villavicencio

A propósito de William Vélez, es él quien intenta trasladar a Villavicencio la figura que utiliza en Barranquilla para el negocio del alumbrado. El 29 de noviembre de 2018 la mayoría del concejo municipal de esta segunda ciudad, orquestado por el alcalde Wilmar Barbosa, aprobó la creación de una empresa de economía mixta con tales fines, financiada con el recaudo del respectivo impuesto, que allí es de 25 mil millones de pesos anuales.

El amaño al interés de Vélez y al proyecto de Barbosa ha sido tanto que el estudio que “recomendó” esa solución fue contratado por 712 millones de pesos a un ex empleado del mismo Vélez. Aunque su grupo ha sido concesionario del mismo alumbrado desde hace veinte años, ahora opta por ser “socio” del municipio, pues esta nueva figura le acarrea mayores beneficios como, por ejemplo, no someter a licitación o concurso público la concesión fenecida.

Sin embargo, en Villavicencio se despertó la resistencia ciudadana. Algunos dirigentes sociales, encabezados por el concejal Felipe Hartman y veedores como David Mora y Efraín Mojica, lograron que el juez segundo de la capital del Meta les concediera medidas cautelares para detener el adefesio. Ahora el caso irá a una segunda instancia.

Vendrán más demandas y movilizaciones en el pulso entre la ciudadanía villavicense en defensa del patrimonio público y el retorcido plan de marras.

Y el campeón…

El campeón en abusos con la figura de “empresa de economía mixta” es el alcalde del promisorio municipio de Tocancipá, Walfrando Forero, quien está encartado en un proceso por peculado y por falsedad en documento público debido a hechos ocurridos en el 2008, cuando también fue alcalde.

Forero ha montado siete entidades de esa naturaleza para las finalidades más diversas: una para aprovechamiento de residuos sólidos; otra para un metro cable; la tercera para construir un complejo universitario; la cuarta para un centro multiferial y de negocios; la del alumbrado público; y una más para el servicio de video vigilancia.

La duración de esas entidades es de treinta años y también fue creada una séptima con una duración de diez años para una red de servicios TIC. Todas ellas fueron aprobadas en sesiones extraordinarias del concejo de Tocancipá y se gestiona una más para el aeropuerto presentado como “de la Sabana”, en iguales condiciones que las otras.

Las evaluaciones de tales iniciativas arrojan fallas comunes:

  • Faltan estudios técnicos y administrativos que las sustenten como alternativa óptima;
  • Inexplicablemente se limita a un 10 % la participación del municipio;
  • Carecen de cálculos sobre montos de inversión y costos de operación; y
  • Tampoco hay consideraciones sobre los niveles de riesgo.

Pero la falla más importante es que no existe la más mínima transparencia para seleccionar los respectivos “socios estratégicos”, revalidando lo dicho: Walfrando los escogerá a su antojo en una notaría.

¿Quién ayudará a las comunidades?

Gobernantes del norte, del centro y del oriente, de partidos políticos diferentes, personajes populares e impopulares recurren al expediente de la “economía mixta” para montar malolientes negocios con duración hasta mediados del siglo.

Por fortuna, surgen resistencias ciudadanas que confrontan, denuncian y dan el pecho, a contramano de concejales y organismos de control locales que alcahuetean a cambio de transacciones propias de la politiquería.

¿No habrá quién ayude a estas comunidades en su indignación? ¿No será tarea de la Contraloría General trancar esta oleada que pone el interés público a favor de provechos particulares? ¿Se volverá costumbre este fantasma que ahora ronda los erarios?

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