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¿Es la Reforma Tributaria de Santos, “estructural” y “progresiva”?

AURELIO SUÁREZ MONTOYA- para Tribuna Magisterial. 

Bogotá, 26 de Octubre de 2016

La Reforma Tributaria de Santos no es estructural porque no ataca la causa principal de los problemas fiscales del país que es la política económica de los últimos 25 años, inspirada en el libre comercio, las aperturas, la atracción de  capitales extranjeros como el factor privilegiado y variable de cierre, que ha ocasionado un cuantioso balance negativo en las cuentas externas del país; la inversión extranjera, por ejemplo, por cada dólar que invierte genera 1,20; una renta que no es fácil de encontrar en dólares hoy en ninguna parte del mundo. Desde el año 2000  se viene presentando ese balance negativo creciente, primero del 1% del PIB, luego del 3%, luego del 5% hasta que estalló en 2015 -agravado con la caída de los precios del petróleo y de los minerales- en el 6,5% del PIB, casi el más alto del mundo y que fue de 19.500 millones de dólares, más de $60 billones. Lo que ha acontecido es una operación descomunal de saqueo y desangre del ahorro, de la producción y del trabajo nacional. Las crisis fiscales son la manifestación de una mala economía. Esta es la reforma número 13 desde 1990, la quinta desde 2010.   

Además, para financiar ese déficit externo, Colombia ha tenido que endeudarse en los últimos años de un modo escandaloso. La deuda bruta del Gobierno Central y de su sector público no financiero pasó de cerca de $70 billones en el año 2000 a $450 billones en 2015, 6,5 veces en 16 años. El país está entrampado en una deuda impagable, lo que se refleja en el Presupuesto que se acaba de aprobar: El país se endeuda en $51 billones de capital para pagar $52 billones de servicio de cuota de amortización e intereses. Lo que preocupa a las llamadas calificadoras de riesgo, a la OCDE y al FMI, es lo que siempre les ha preocupado: que Colombia les garantice que se va a seguir endeudando y que va a tener con qué pagarles. No les interesa ni la salud, ni la educación ni la seguridad social, y al gobierno tampoco ya que, cuando habla de aplicar la regla fiscal, confirma que su primer interés es cumplir con el pago cumplido y honrado de la deuda, que es el mismo lenguaje de los organismos internacionales.   

Con base en lo anterior, es apenas obvio que el interés es garantizar un recaudo a como dé lugar, no están pensando ni en principios constitucionales de progresividad ni equidad ni en criterios universales de la tributación como la neutralidad, que dice que no se debe propiciar el traslado impositivo de un grupo a otro. El balance del recaudo que trae la Reforma, según la exposición de motivos del proyecto para los próximos 5 años habla por sí solo: Se van a recaudar adicionales  -entre 2017 y 2021- $73,7 billones más y que se pagarán así: el 80%, $60 billones, por la vía del IVA, del consumo, de las gaseosas y de los combustibles; otro 20% vendrá del 4 por 1000, que esta vez tampoco se va a acabar, y, ¿atérrense lectores!, por el impuesto de renta se recaudará menos, en cerca de medio billón de pesos, a pesar de que 500 mil nuevos asalariados lo deberán pagar pero que no lograrán compensar la rebaja de la tarifa del -43% al 32%- que se les hará a las 3.500 mayores compañías, financieras, mineras y transnacionales. 

Por lo aquí expuesto, la Reforma Tributaria de Santos ni es equitativa ni estructural ya que no ataca el modelo neoliberal y se funda en impuestos que recaerán sobre los sectores de menores ingresos, las clases medias y las PYMES, descargándoles lo regalado a las firmas más poderosas y a los magnates.

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