Abril 24, 2017

El polémico desalojo de Peñalosa a los vendedores informales

Por: Daniel Alvarado Lugo, estudiante de Derecho – Universidad Santo Tomás.

En los últimos días el Alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, ordenó a 200 policías desalojar a vendedores informales de la Avenida Caracas, la carrera séptima y la calle 72 con el pretexto de recuperar el espacio público en la Ciudad. Si bien la Constitución Política establece que el espacio público es para todos y no puede ser embargado y ocupado salvo algunas excepciones, los vendedores tienen derecho a un trabajo y a ejercer un oficio, teniendo en cuenta que son víctimas del modelo económico caracterizado por la falta de empleo que los ha obligado a vivir del “rebusque”.

Según la CEPAL, la tasa de desempleo en Colombia se encuentra alrededor del 10%. Esto significa que 1 de cada 10 personas no tiene empleo. Esta es una tasa muy alta si se compara con países vecinos como Ecuador, en donde tan solo 1 de cada 24 personas está en dicha situación. Según el DANE, la informalidad en Colombia es del 70%, es decir, vendedores informales, ocupados sin remuneración, trabajadores por cuenta propia, entre otros; lo que quiere decir que mucha más de la mitad de los colombianos viven rebuscando su sustento.

Frente a esta situación el gobierno de Peñalosa, en la principal ciudad del país, no da soluciones, incrementa el problema social.

Según la Sentencia T-772 del 2003 se tienen que cumplir unos criterios y condiciones que deben
regir las actuaciones encaminadas a recuperar el espacio público. Según ésta, las autoridades tienen el deber y la potestad constitucional para adelantar medidas orientadas a recuperar y preservar el espacio público, siempre y cuando se siga el debido proceso y el trato digno a los afectados. Lastimosamente se queda en el papel. Muchos vendedores ambulantes han recibido agresiones físicas y psicológicas.

Esta Sentencia dice que las actuaciones deberían estar precedidas de una cuidadosa evaluación de la realidad sobre la cual habrán de tener efectos, y plantea que el desalojo no se puede adelantar si lesiona desproporcionadamente el derecho al mínimo vital de los sectores más vulnerables y pobres de la población, ni cuando priva a quienes no cuentan con oportunidades económicas en el sector formal de los únicos medios lícitos de subsistencia que tienen a su disposición.

El gobierno de Peñalosa está incumpliendo la ley, violando derechos constitucionales como el debido proceso y el impedimento del buen desarrollo del trabajo de cientos de vendedores informales; además, desconoce su vulnerabilidad y realiza desalojos aun cuando las ganancias de las ventas ambulantes son el único ingreso que muchas familias tienen para su sustento diario.

La semana antepasada más de 800 vendedores informales se movilizaron desde la calle 72 hasta la plaza de Bolívar para exigirle al Alcalde que los dejara trabajar. Es necesario que continúen haciéndolo y que la ciudadanía los acompañe con solidaridad y reclamaciones para que se cumpla la ley.

El gobierno de Peñalosa no solamente ha tomado medidas en contra de los vendedores informales, también aumentó la tarifa de Transmilenio y SITP por encima del aumento de los salarios, ha hablado de la privatización de la ETB y anunció la construcción sobre la Reserva van der Hammen –el segundo pulmón de Bogotá-, un recorte del 40% en gastos de salud y del 10% para política LGBTI y de mujer. Por lo anterior es necesario que nos movilicemos el próximo 25 de febrero, exigiendo respeto por los derechos de todos los bogotanos y bogotanas.
Tomado de: http://polouniversidades.blogspot.com.co/2016/02/el-polemico-desalojo-de-penalosa-los.html?m=1

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