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El crac de Interbolsa: más preguntas que respuestas

Aurelio Suárez Montoya, Bogotá 20 de noviembre de 2012

La declaración de Interbolsa -el primero de noviembre- de “crisis temporal de liquidez” no resultó cierta. La intervención de la Superfinanciera y la de Supersociedades a todo el grupo empresarial reafirman el crac de quien manejaba cerca del 30% de los negocios bursátiles de Colombia. No satisface la explicación oficial como “caso aislado”, ni es suficiente decir que “la ambición rompe el saco”. Compendiando lo sucedido, sirve como pista inicial lo dicho por Galbraith en 1929: “El debilitamiento de las industrias propicia el derrumbe de las pirámides empresariales”.

El estallido se precipitó en la burbuja de más de $300 mil millones creada con la acción de Fabricato, compañía textil en dificultades hace rato, que mediante especulaciones la hicieron la “estrella” de 2011, alzándola en 214%. De allí surgen múltiples preguntas: ¿Por qué ninguna autoridad ni la Bolsa advirtieron sobre el riesgo de dicha cabalgata? Bastaba mirar los estados de Fabricato, entregados a Superfinanciera, para dar una alerta temprana. Peor: ¿Por qué las premuras se tradujeron en ayuda gubernamental para diligenciar créditos o buscar comprador o “socio estratégico” para Interbolsa, montándose con ello otra burbuja por casi $90 mil millones? ¿Es posible que no hubiera acción preventiva alguna cuando un boletín del regulador -del 2 de noviembre- mostraba que las operaciones especulativas de Interbolsa, con posición propia, valían $606 mil millones, cuatro veces su patrimonio?

Los hechos posteriores al crac dejan tantas dudas como los anteriores. Dicen varios medios que hubo “retiros de dineros previos a la intervención de Interbolsa” y que “ha habido financiamientos personales con dineros de terceros” (al parecer, incluidos valores dados en recaudo), que se “borraron registros de inversionistas y accionistas” y que fuente de recursos fundamental fue el fondo Premium Capital, de 1.260 inversores depositantes de 175 millones de dólares y basado en Curazao, donde, según la DIAN, hay capitales evasores y hasta se habla de “lavado de activos”. Inexplicablemente, Banrepública, adoptando funciones no prescritas en la Constitución, como “prestamista de última instancia”, abrió una ventanilla para recibir deuda privada por $300 mil millones y montó un rescate tipo Wall Street. La Fiscalía indaga, la Procuraduría investiga, y la Contraloría pregunta por recursos públicos enredados; urge encontrar responsables para cargar con las pérdidas de accionistas, inversionistas y terceros.

Está pendiente el “efecto dominó”, máxime cuando el total de operaciones especulativas en acciones es de $1,6 billones y en algunos casos superan varias veces el valor patrimonial de otros comisionistas. Y falta, en especial, absolver una pregunta de Mauricio Vargas: “¿Manejaba Interbolsa fondos personales de alguno o algunos altos funcionarios del Gobierno, o de sus empresas familiares?” Interrogante obvio ante tanta laxitud oficial que, por lo narrado, cubre a Interbolsa.

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