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Política

Corrupción y privatizaciones: el modelo de Pereira

Aurelio Suárez Montoya, El Tiempo, Bogotá, mayo 27 de 2017

En 1995, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) supeditó un préstamo a las Empresas Públicas de Pereira a una “redefinición empresarial”. Se trataba de desintegrarlas en varias unidades: Telefónica, Energía, Aguas, Aseo y, una nueva, Multiservicios, encargada del recaudo de facturas, impuestos, servicio al cliente y gestión de cartera. El Concejo aprobó el proyecto y entre las rebuscadas razones esgrimidas se dijo que de no proceder así, “no habría telefonía celular”.

A partir de allí comenzó la subasta del patrimonio público pereirano, el cual fue fruto de un civismo pujante que lo construyó desde mediados del siglo XX con buen criterio y espíritu colectivo. Una clase emergente, junto con castas políticas corruptas, dio al traste en solo 20 años con lo que costó décadas erigir.

El edificio se fue derrumbando a pedazos. En 1999 se vendió el 56 por ciento de la Telefónica a EPM, que dejó un saldo sin pagar, prometiendo hacerlo una vez tomado el control, abriendo así la posibilidad de cancelar con las mismas utilidades. A estas alturas, la Telefónica ya es totalmente de UNE-Millicom. Ha sufrido por andanzas politiqueras de alcaldes de Medellín, como Luis Pérez, cuando hubo fastuosos gastos a cargo de los usuarios. En quince años, los suscriptores de telefonía fija apenas pasaron de 135.000 a 155.000 y el agregado fueron 80.000 abonados de internet y 90.000 de televisión. Nunca hubo contabilidad transparente sobre el destino de lo recibido por las ventas de acciones.

Luego se entregó el alumbrado. Durante dos años, Enelar, el concesionario, cobró por 41.145 luminarias, base del contrato, cuando el número real era de 23.202. No obstante, no se echó atrás el contrato, sino que se “ajustó” en un acto de inmoralidad administrativa que, luego de ires y venires, el Consejo de Estado anuló en el 2014.

Después cayó la Empresa de Energía (EEP). El cruce de dineros con el grupo Ríos Velilla para participar en la toma de Enertolima en asociación con los Nule –fueron socios de la EEP hasta el 2010– impelió luego a darles entrada a los socios privados en dicha aventura. Ellos la administran a discreción con máxima ganancia posible, tanto que en los últimos tres años la tarifa plena por kilovatio/hora (estrato 4) subió 41 por ciento, más de dos veces la inflación ocurrida y un valor superior al del estrato 6 de Bogotá. Tampoco corrió con rumbo conocido lo devengado por el municipio en el 2008 en la transacción del 49 por ciento de la empresa.

En 2007 fue el aseo, que quedó por 20 años en el monopolio de William Vélez, pero luego hubo una prórroga por 10 años más y con carácter de autoridad tarifaria local.

La sepultura fue la suerte de Multiservicios, al quedar en patrimonio negativo de más del 50 por ciento. Fue un “nido de corrupción”, denunció el concejal Carlos Crosthwaite, que hasta fue usado en el 2006 como intermediario para entregar el recaudo de impuestos al consorcio Cise, lo cual le implicó un proceso administrativo al alcalde de entonces, Juan Manuel Arango, a quien Alejandro Ordóñez salvó en última instancia, pese a que alcaldes de otras ciudades fueron sancionados por lo mismo.

También se acabó la Corporación Financiera de Occidente, activo cafetero, quebrada por impagos de créditos otorgados a firmas del exministro Morris Harf y a una compañía constructora de la familia Cárdenas Santamaría, apalancados en moneda extranjera, que explotaron en periodo de aguda devaluación.

El transporte masivo, en una licitación cuyos términos se alteraron 15 días antes del cierre, fue a las arcas de un primer beneficiario privado, cuyas inciertas fuentes de financiación se secaron, agravadas por la baja demanda, por lo cual el servicio se presta ahora a medias por un segundo operador, el cual es propiedad de una persona natural en un 70 por ciento.

Lo último es la entrega en forma de APP sine die, como escribiera alguien, al grupo Solarte, socio de Odebrecht en varios proyectos, en un concurso con aparente colusión con el grupo Vélez, con quien comparte la torta de Opain en el aeropuerto El Dorado. La APP, según acta de adjudicación, entregará al municipio el 10,82 por ciento de los ingresos obtenidos, una de las más bajas remuneraciones del país.

Las privatizaciones en las regiones están salpicadas de disparates como los de Pereira. La conjunción de intereses privados, políticos y funcionarios públicos es caldo de cultivo para la podredumbre. Son los mismos con las mismas.

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