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Corrupción con nombres propios: #7VecesSÍ

El libro “Corrupción, cohesión social y desarrollo” (Mulas-Granados y Alonso) afirma que los países más desiguales del mundo y con cobertura en educación secundaria inferior al 75% son caldo de cultivo para las corruptelas. Colombia cabe allí, como lo prueban índices internacionales y lo corrobora un reciente artículo del Finnancial Times a raíz del proceso local del caso Odebrecht.

Corrupción es aprovechar las instituciones, el patrimonio y los recursos públicos, ahora mal llamados “lo público”, para favorecer intereses privados. Es, ante todo, asaltar el interés general en pro de intereses particulares, definición similar a la que reconoce hasta el propio Banco Mundial.

El centro de la inmundicia, según advierten los autores nombrados, está en el círculo de intersección, donde coinciden negociantes codiciosos y consorcios transnacionales, prestos a ir hasta al cadalso por rentabilidades del 300%, con politiqueros que hacen de sus campañas y carreras empresas de enriquecimiento y con funcionarios venales que asumen sus funciones como el “cuarto de hora” para elevar su estatus socioeconómico o emprender lucrativas iniciativas de guante blanco.

Mulas-Granados y Alonso hablan así mismo de varias modalidades de descomposición como la llamada de entidad, cuya mayor expresión es corromper el proceso de fijación de normas o de leyes. ¿No fue lo ocurrido, verbigracia, cuando, para la fiducia donde se manejaban cuatro billones de pesos de las cien mil casas gratis, se legisló que los respectivos constructores se elegían a dedo y que la transacción de los lotes para edificarlas estaba exenta de ganancia ocasional? ¿O qué del impulso dado a Panamá Papers cuando en 2006 se eliminó el impuesto a los giros de ganancias corporativas al exterior? .

Mencionan también la corrupción por impacto, cuando se reduce el costo de acceso a un contrato y luego se amplía el beneficio. ¿No ha acaecido con los vetustos buses de Transmilenio, pagados varias veces por los usuarios? ¿O también con concesiones aeroportuarias como la de El Dorado y sus veinte otrosíes? ¿O con la adición a Ruta del Sol II, la Ocaña-Gamarra, validada por documento CONPES del alto gobierno, que aumenta peajes, encarece tarifas y duplica el costo por kilómetro a Odebrecht y a sus socios respecto al convenio original? ¿O qué de las míseras raciones en los planes de alimentación escolar una vez asignados?

Clasifican como de los peores modos de putrefacción según su promotor, bien por quien cobra sobornos, como en el funesto “carrusel de la contratación” en Bogotá, o bien por quienes reciben fraudulentas “comisiones” del narcotráfico, o bien por quien paga coimas, como lo han hecho Odebrecht y sus socios, entregadas arriba y abajo del espectro político a campañas presidenciales al mayor nivel y a burócratas usureros en distintas escalas.

Destacan igualmente la denominada podredumbre por extensión en la Administración –aquella localizada en el centro de la toma de decisiones–, como fuera “el cartel de la toga”, con fiscal “anticorrupción” incluido, que emitía sentencias acordes con el pago de enormes sumas a jueces y magistrados deshonestos, o como ha pasado ante la permisiva connivencia con las perversidades de las EPS, los consentidos desmanes de Electricaribe o las urdidas porquerías en la Triple A de Barranquilla.

Concluyen que la práctica recurrente de estos y otras muchas formas en el Estado impele a hablar de gran corrupción, “que rige su actividad cotidiana por los beneficios que depara a sus redes clientelares”, fiel retrato de lo que sucede aquí y cuya primera representación global son algunos países del África Subsahariana con gobiernos neopatrimoniales. ¿Quizás ya estamos igualados?

Mientras que en Colombia se multiplican las leyes inaplicadas, se pronuncian hipócritas peroratas sobre la ética y el buen gobierno o se debate en vano si la Consulta Anticorrupción tiene incluidas normas que están en el ordenamiento o sobre su costo, la ciudanía sufre muchas carencias, vive con ingentes necesidades y observa horrorizada el statu quo.

Por consiguiente, debe ponerse en pie, manifestar su indignación y salir a votar 7 veces SÍ el próximo domingo 26 de agosto, movilizarse en jornada de rebeldía y resistencia, para expresar el deseo de castigar y proscribir las cotidianas prácticas vitandas, que, como se ve, tienen nombres y actores propios, dando un paso adelante hacia la auténtica transformación de Colombia, independientemente del resultado que pueda obtenerse en las urnas.

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