septiembre 25, 2017

Acueductos contaminados por la corrupción

NACIONAL 11 ENE 2017 – 12:23 AM

Cinco casos en el país

La corrupción y la falta de planificación de obras están perpetuando los problemas de acceso a acueductos en varias regiones del país. En otras, las empresas encargadas están asumiendo compromisos que ponen en riesgo su estabilidad.

Por: Aurelio Suárez M.
En Twitter: @AurelioSuarez

El investigador Aurelio Suárez documentó para El Espectador la situación en cinco ciudades. Estas son las increíbles historias de Buenaventura, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Rosa de Cabal y Yopal.

¿Es Buenaventura el mayor exportador de agua?

Buenaventura, el primer puerto de Colombia sobre el océano Pacífico, movilizó en 2015 el 26 % de la carga marítima ingresada al país y el 2,3 % de la exportada. En cuanto a las importaciones, es punto principal de entrada de granos y cereales, de géneros químicos y de bienes intermedios y manufacturas en contenedores. Está definido como Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, y apunta como ariete para irrumpir en el área Asia-Pacífico a partir de la Alianza Pacífico y en consonancia con el interés –manifiesto por el gobierno de Santos– de adherir al Tratado Transpacífico. Se dice que allá está la solución a los quebrantos económicos nacionales.
 
  Buenaventura tiene 407.539 habitantes, de los cuales 373.597 viven en el casco urbano. Se habla de 4,5 personas por predio, con lo cual el número total de los residenciales urbanos no es de menos de ochenta mil. La empresa prestadora del servicio es Hidropacífico, por concesión que le hizo a dedo en 2002 la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaventura (SAAB), a pocos días de haberse constituido en Medellín. La empresa habla de 47.401 suscriptores para agua potable y de sólo 29.851 para la disposición de aguas servidas, con coberturas del 80 y 50 %, respectivamente. Sin embargo, si se toma como referencia el censo de 2005, que ya informaba de 65.623 viviendas en la cabecera para 290.457 personas y de un cubrimiento del 75,9 y del 59,6 %, respectivamente, los porcentajes de atención son muy inferiores a los del reporte oficial del concesionario.
 
La situación es aún más caótica. Un estudio de 2013 reportaba que apenas el 16 % de los suscriptores tenían servicio continuo durante al menos 15 horas al día; el 31 % de diez a quince; el 38 % entre cinco y diez, y el 9 % con menos de cinco. En épocas de invierno, estos parámetros se trastocan más, al punto de que se habla de intermitencia, ya no por horas sino por días, lo que elevó hasta casi 15 mil las quejas en 2015. En Buenaventura, donde apenas la mitad de la población cuenta con instalaciones de saneamiento básico, donde el servicio no es continuo e incluso a veces inexistente, y cuya administración ostenta el segundo lugar en Índice de Agua No Contabilizada más alto del país (agua salida de las plantas y pérdida en las redes) del 87,2 %, cabe preguntar: ¿de verdad, hay acueducto? 
 
¿Qué ha sucedido para caer en tan terrible desbarajuste? ¿Qué pasó con el concesionario Hidropacífico para que no modificara las precarias características del sistema que prometió desarrollar? ¿Qué motivó a que la Contraloría, en Auditoría a la Superservicios de junio de 2016, incluyera a SAAB e Hidropacífico en la nada honrosa categoría de casos relevantes, compartiendo el primer lugar con los no menos aberrantes de Electricaribe y TermoCandelaria? ¿Por qué dicha Auditoría habla de graves incumplimientos en la continuidad del servicio, en la calidad de la información, en facturación por promedio y sin micromedición adecuada? ¿Por qué la Contraloría local involucró a SAAB e Hidropacífico en detrimento patrimonial por más de $10 mil millones en 2014? 
A finales de 2014, Findeter resumió el cuadro: 13 años después de iniciar el contrato de operación y mantenimiento, no se ha podido garantizar la adecuada y eficiente prestación de los servicios en términos de continuidad, cobertura por las condiciones de las redes, bajo nivel de inversión en expansión y disminución del nivel de pérdidas. ¿Qué pasó con lo proyectado para agua potable y saneamiento básico entre 2009 y 2012 que, según Fedesarrollo, bordearían los $266.476 millones?
 
Un reportaje publicado por “El País” en 2014 sobre la corrupción en Buenaventura desglosa los contratos firmados y denuncia que “esos dineros solo han contribuido a formar una generación de nuevos ricos en el Puerto”, “con un reguero de obras inconclusas, canceladas casi en su totalidad, y con costosos equipos inutilizados que en su mayoría ya han sido desmantelados”. Menciona como ejemplo al contratista de la estación de bombeo del barrio Pueblo Nuevo: “Pese a recibir más del 99 % del valor total, las obras apenas llegaban al 10 %”. La SAAB terminó convertida en un cascarón, con pérdidas no cubiertas por las contraprestaciones del concesionario, porque, según su vocero, Hidropacífico no las hará “hasta que el municipio cumpla con las inversiones que debieron hacer”. 
 
En marzo de 2011, Semana hizo un reportaje –en que se aseguraba que la calidad del agua proveniente de las dos plantas, Venecia y Escalerete, no tiene reparo alguno¬–, denunció que Hidropacífico había vuelto un gran negocio el aprovisionamiento a los buques que llegan al puerto. “Lo absurdo es que mientras el 78% que potabilizan se pierde, buena parte de la que es consumible la venden a los barcos, que la pagan en dólares”. Tal hecho, según Semana, explica al parecer por qué “un consorcio con semejante prestigio y músculo financiero (Conhydra, el socio mayoritario de Hidropacífico) se mantiene al frente de un negocio no rentable” como lo es el suministro de agua a los porteños. Ambas plantas producen 6,9 millones de metros cúbicos de agua al mes, pero buena porción se despacha para cada una de las siete posiciones de atraque de buques no TEUS del Puerto, de los muelles 8 al 14, a una rata de 150 toneladas por hora (igual a 150 metros cúbicos) y a razón de 5,5 dólares por unidad, equivalentes a $17.500, más de diez veces lo cobrado a los bonaverenses. No se sabe a qué alcancía va todo este líquido que sale de allí, puesto que Hidropacífico lo hace a través de Acuabuque, cuyo registro mercantil no aparece en ninguna Cámara de Comercio del país. En agosto de 2014, el portal Las 2 Orillas ratificó que “una pequeña porción del agua más pura se la llevan los barcos” en menoscabo del servicio urbano, que en algunas zonas “se brinda en carro-tanques” y “en un mercado informal por galones”, en una ciudad “rodeada por gran cantidad de ríos y un centenar de quebradas”, agregando que “el costo para los estratos inferiores relativo es alto comparado con ciudades de igual categoría”. 
 
El actual acueducto de Buenaventura no dista mucho del que en su momento proyectó y ejecutó la Federación de Cafeteros para la Flota Mercante Grancolombiana y demás naves en puerto cuando escasamente eran 70 mil habitantes. Poco a poco se fue expandiendo al servicio domiciliario, pero por las cañerías se han ido los dineros de inversiones nunca hechas en 25 años, incluidos los gastados en los últimos catorce desde la privatización. Mucha gente en Buenaventura vive del altísimo nivel de pluviosidad que permite acopiar a diario el agua lluvia, porque la que sale de las plantas se pierde en un 87% en las redes y otra buena cantidad convierte a la ciudad en acuífero exportador. ¡Vaya paradoja!
 
Cómo atascar al mejor acueducto, el de Bucaramanga
 
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB), al contrario de Buenaventura, tiene los mejores indicadores del país y es una empresa exitoso en saneamiento básico, con micromedición y cobertura casi total, y tiene el índice de agua no contabilizada (IANC) más baja, del 21 %. Su personal es bien calificado y se embarcó en dos proyectos estratégicos: el del embalse de Bucaramanga, tendiente a regular el río Tona, y el básico, para ampliar la red de suministro sostenible hasta 2050. Sus estados financieros mostraron en 2015 una ganancia neta de $24.296 millones, activos por $1,012 billón y un patrimonio total de propiedad de los accionistas de $741.712 millones. Pero, en otros indicadores como en el servicio de la deuda con relación a los ingresos operacionales, se nota que creció del 3,46 % en 2013 al 25,9 % en 2015, ocho veces en tres años. Aunque parezca un asunto sutil, el servicio de la deuda es determinante en el caso del AMB, por las condiciones de los préstamos para adelantar el embalse. Tan onerosas son, que esta “joya de la corona” de los bumangueses está expuesta a un grave riesgo. Hay uno, con Bancolombia, por $144 mil millones que, a las tasas contraídas en las condiciones de hoy, ocasionará, además del pago del principal, cargos adicionales de intereses por $122 mil millones. Y el otro, con Banbogotá, de $46.782 millones que generaría intereses por $79.477 millones y, que, extrañamente, con un primer desembolso de cerca de $16 mil millones ya causó importes por $35 mil millones. En líneas generales, los contratos iniciales fueron al IPC + 7,5 % aunque, en el caso de Bancolombia, entró a regir una tasa compensada menor desde octubre de 2013. Por supuesto que la inflación, por los niveles del 7 y el 6% en los últimos años, agravó más la imprevisión de quienes los contrataron a la topa tolondra, por decir lo menos. 
 
Lo más grave es cómo pactó el pago de los créditos. El Acueducto deberá mantener niveles de servicio de deuda entre $20 mil millones y $26 mil millones en forma continua, desde 2016 hasta 2025, para pagar $248.023 millones, el 84 % del total de $294.274 millones, pese a que el horizonte cubre entre 18 y 20 años. 
 
¿Qué originó tan absurda negociación crediticia? La arquitectura financiera del proyecto del embalse descargó en AMB más del 70 % de los costos, bien por créditos o por recursos propios y no concretó aportes sustanciales de la nación ni de Santander. Es más, si se incluyeran intereses bancarios, se le imputaría a la empresa hasta algo más del 80 % del peso global del proyecto. Se planeó además con préstamos a largo plazo, pero con intereses altos que incorporaron como componentes de las tasas, variables macroeconómicas que los encarecieron todavía más. La lesión financiera ya empezó a manifestarse: la ejecución presupuestal de 2015 fue de -$5.311 millones. Es decir, la ejecución de los ingresos fue inferior en dicho monto a la de los egresos. Y si se miran los rubros de las últimas acciones presupuestales, se pasa de un resultado positivo de $14.907 millones en 2014 al negativo en 2015, ya que el “servicio de la deuda” creció el 54 %, más que todos los demás rubros, pasando de $8.268 millones a $12.744 millones. Y se ahondará para 2016, cuando ese abono a la deuda se duplique, hasta $23.121 millones. La hemorragia se desató y erosionará la estabilidad financiera del AMB. Lo confirma el Informe de Gestión de octubre de 2016 al anotar  que el “resentimiento de la razón de liquidez (…) como resultado del esfuerzo de la caja en el financiamiento de inversiones; incremento del nivel de endeudamiento por las obligaciones contraídas en la ejecución del proyecto Embalse de Bucaramanga y rebaja el patrimonio al 62,93 % del valor de los activos” (en 2013 era del 77 %). Y concluye lacónicamente que “la aplicación de créditos de tesorería a corto plazo incrementa el compromiso de los ingresos para atender estos pagos”. El pago de tales obligaciones exige aumentar los suscriptores, las tarifas y la demanda de agua. Es posible en los próximos años un incremento del 10 % de los suscriptores, 25 mil nuevos, pero no lo es el alza de tarifas por encima del IPC ni tampoco el incremento del consumo. Las nuevas regulaciones, que sólo subsidiarán hasta 16 metros cúbicos a los estratos medios y bajos, conducirán a menor gasto por hogar, algo que ya se está viendo. 
 
Hoy por hoy, el proyecto registra el lleno del vaso del embalse en cerca del 60 % y un avance del 97 % en la etapa de construcción, a la cual se le recortaron ya varios tramos de la tubería de aducción para transportar el agua a las plantas de tratamiento, tanto a la de Bosconia como a la nueva de Los Angelinos, la cual apenas avanza en un 21 %. 
 
En medio del punto muerto –el que exige fuertes flujos de inversión para el proyecto, pero lejos de los retornos esperados– por los costosos servicios de la deuda que debe asumir la empresa, el alcalde Rodolfo Hernández busca alivios financieros con prestamistas. Se dice que en su auxilio, del que ya participó el sindicato al reducir importantes puntos convencionales, vendría el fondo de Dubái, Mubdala, el mismo que adquirió en 2015 la mina de oro de California, que era del magnate brasileño Eike Batista. Es decir, que con los propietarios del ciento por ciento de una de las minas auríferas que amenazan el suministro y la calidad del agua para Bucaramanga –patrones de Tony Blair– se llegaría paradójicamente al adagio: “Que los salve quien los emboscó”.
 
Barranquilla, el triple despojo de la Triple A
 
El relato más detallado sobre lo que ha pasado con los servicios de alcantarillado, acueducto y aseo en Barranquilla es el del economista Jorge Vergara en su blog  correvedile.com/jorgevergara, centrado en la evolución de la estructura de propiedad de la empresa Triple A, que en diciembre 1991 reemplazó a Empresas Públicas Municipales (EPM)), que era una de las mayores desgracias para los habitantes de Curramba. La Triple A nació siendo el  85 % del Distrito y en 15 % de privados, en cabeza de los gremios de la ciudad. Como, de hecho, era la concesionaria para la explotación de los activos públicos de la antigua entidad, se tasó un alquiler mensual, una forma de regalía  y el pago de una deuda contraída por la EPM. Tales montos fueron fijados sin que mediara un avalúo serio del valor cierto de lo entregado para usufructo.
 
En 1994 se decidió entregar en concesión el aseo a una empresa de William Vélez, Aseo Técnico, pero sin que el nuevo concesionario hiciera un mayor aporte, ya que arrancó trabajando con los antiguos equipos de EPM. Se fijó inicialmente un plazo de siete años, que Vélez logró prorrogar  hasta 2018. La adjudicación constituye, apenas iniciándose, el primer gran despojo a la Triple A, puesto que no cumplió las normas legales de contratación pública. En 1996, año del quiebre, aparecieron en escena los españoles. Como ostentaban fama de “socios calificados y operadores”, la Triple A decidió facilitarle a Interamericana de Aguas y Servicios (INASSA) el 43,3 % de la propiedad y, de ñapa, la concesión. La firma pertenecía a Aguas de Barcelona, con el 51 %, y al Grupo Gerlein, con el 49 %. Como consecuencia, Barranquilla quedaba sólo con el 50 % de la Triple A, INASSA con el 43,3 % y un grupo de privados nacionales con el resto, un 6,7 %. La verdad es que nadie conoce a qué precio se vendió cada acción. Sólo se sabe que en los fondos para la transacción cumplió un papel definitivo el Banco Ganadero y sus filiales, donde los Gerlein tenían fuerte posición influyente. Por la misma vía de Vélez con el aseo, comenzó a gestarse a dedo el segundo despojo mediante una maniobra calculada con toda frialdad y paso por paso. En efecto, el 31 de mayo de 2000, el Distrito, amparado en que Triple A, se encargaría del cuidado del espacio público, que a partir de 2013 entregaría regalías y que se comprometía a pagar $13.552 millones, prorrogó la concesión de la operación hasta 2033. Luego de ese convenio, Aguas de Barcelona vendió el 51 % de INASSA a los Gerlein y estos, presurosos, crearon una empresa espejo en Panamá, asesorados por el bufete Mossack Fonseca, vendiéndole en 2001 el 75 % de la misma a Canal Extenssia, filial de Canal Isabel II, la operadora del acueducto de Madrid. Lo que se hizo, en síntesis, fue un lavado. La empresa pasó de  manos españolas a otras con la intermediación del Grupo Gerlein, uno de los casos de Panamá Papers. 
 
Pero lo peor estaba aún por venir. Dada su lamentable situación financiera, el Distrito entró en proceso de Ley 550. Por lo que  estaba impedido para acudir como socio a las solicitudes de capitalización de la Empresa, en razón de lo cual, entre 2001 y 2007, pasó de tener el 50 % de las  acciones a sólo el 14,5 %. El segundo despojo estaba consumado. 
 
Según Jorge Vergara y la revista Semana, INASSA, entonces controlada por el Partido Popular (PP), dominante del Ayuntamiento de Madrid, recurrió a ardides  tan oscuros como  revalorizar las acciones y a colocar sus aportes sacándolos de las propias utilidades de la Triple A. Logró así hacerse al 82,2 % y además convertirse en cabeza de playa para las operaciones en América Latina y Colombia de Canal Isabel II. No tardó en devorarse a Metroagua en Santa Marta, a Asaa en Riohacha y a Recaudos y Tributos, los cuales, entre 2002 y 2015, le reportaron giros de rentas a la matriz hispánica por 62 millones de euros. 
 
Al parecer, fuera de algunos frutos ordinarios, provenientes de las tarifas y de los subsidios oficiales para los usuarios de menores ingresos, con los que INASSA detentó la posición dominante, hubo muchos frutos podridos extras, que alcanzaron para que inexplicablemente Edmundo Rodríguez Sobrino, el CEO para el sur del continente, figurara en tres empresas off shore en Hong Kong, gestionadas en Panamá. Y lo mismo Ramón Navarro Pereira, presidente de la Triple A, pero en las Islas Vírgenes. El mismo Rodríguez, según Semana, fue visto en 2009 en Cartagena ingresando a un domicilio en compañía de dos directivos de esa época, Idelfonso de Miguel e Ignacio González, con grandes bolsas de plástico y un sospechoso contenido. Como en el Potosí de la Colonia, ha habido para dar y convidar. El tercer despojo se conoció  recientemente con el escándalo en España por la nueva administración del Ayuntamiento de Madrid, que acusó a la anterior del PP, sumado a las intenciones declaradas del alcalde Char para readquirir un porcentaje mayoritario de acciones.  Ambos factores hicieron estallar el barril de los puercos y han destapado una serie de graves componendas dentro de la Triple A en detrimento del interés público. 
 
En foro realizado el 17 de agosto en Barranquilla, revelé un asunto de la mayor gravedad: Al revisarse el balance financiero, se encuentra el rubro de “activos intangibles” por  valor de $321 mil millones, el 60% del activo total de la Triple A, de $574 mil millones, y que, con respecto a 2014, subió 12,6%. Al consultar tan extraña clasificación, se encuentra que es el  trato que se les da a “las infraestructuras concesionadas en los contratos”, y en específico a  las “mejoras” que Triple A  haya hecho a los activos que recibió, pero no a nuevas inversiones, sin que auditoría alguna las haya valorado y definido si el valor en libros corresponde con la realidad. Si el alcalde Char quiere mejorar la participación del Distrito en la sociedad Triple A, el valor intrínseco de cada acción incluiría dichas “mejoras” a favor de INASSA. No le bastará con recuperar el 51% de la estructura general de propiedad. 
 
 Es decir, los españoles son ahora dueños mayoritarios del patrimonio y propietarios únicos de la mayor parte de los más importantes activos. He ahí el tercer despojo a la Triple A. Y será peor en cuanto tales “intangibles” sigan creciendo paulatinamente por encima de los activos totales, tal como acontece hace años. Sin embargo, Triple A no  está en su mejor momento. Aunque tiene la mejor calidad de Colombia (índice IRCA), sufre pérdidas en las redes por más del 60% y la meta es apenas bajarlas al 55%. Esto la impele a imponer la tarifa básica por metro cúbico más cara ($1.853, a dic. 2015), comparada con Medellín, Cali y Bucaramanga. Tiene que ver con que se haya expandido a los demás municipios del Atlántico, a costa de los del Área Metropolitana, en una decisión muy discutible, en términos de economías de escala y costos de distribución, cuya asignación a dedo por las autoridades respectivas no ha tenido la transparencia suficiente, según lo ha denunciado la seccional de ACODAL en el Atlántico.   
 
Si se descuentan de las utilidades las obtenidas por el servicio de aseo, calculadas por Jorge Vergara en $20 mil millones, no sólo se podrían estimar como exorbitantes las que está extrayendo Vélez con su empresa Aseo Técnico, filial del conglomerado InterAseo, sino también las de la propia Triple A. Aunque apenas el 60% vienen de la gestión de acueducto y alcantarillado, ello no constituye un impedimento para que INASSA se alce con el 83% de la bolsa total.  
 
Finalmente, si se agrega que los créditos vienen creciendo, al sumar entre 2012 y 2015 más de $290 mil millones, puede inferirse que la distribución de utilidades, que  suman $110 mil millones, se está financiando con tales préstamos. ¡Un descarado saqueo, consentido por los alcaldes de Barranquilla, sin excepción, de los últimos 25 años!
 
Empocabal, microtráfico de agua en beneficio de terceros
 
Santa Rosa de Cabal tiene cerca de 80 mil habitantes, es el tercer municipio de Risaralda en población y está entre los 85 más habitados del país. Su economía, aunque es tradicionalmente cafetera, ha desarrollado otros polos de atracción, como el turismo, en particular por las fuentes de aguas termales. Y es precisamente su riqueza hídrica, venida de los ríos San Eugenio, Campo Alegre, Otún, San José, San Juan, Campo Alegrito, Barbo y San Ramón, todos del sistema hídrico del nevado de Santa Isabel, que incluye la Laguna del Otún, la que le permite un importante excedente de producción de agua.
 
  Desde 1988, una empresa pública para acueducto, alcantarillado y aseo, Empocabal, ha manejado con éxito la que, hablando estratégicamente es su mayor riqueza: el agua abundante. En efecto, el sistema de captación y conducción le permite un caudal de 550 litros por segundo, en tanto la demanda del municipio, circunscrita a la atención del área urbana, apenas llega al 32 % de la capacidad, casi 150, por lo cual durante varias décadas le vendió agua en bloque a Dosquebradas, que ha carecido de oferta y que hasta hace solo diez años consumía el 68 % de la producción de Empocabal, con lo cual aportaba el 27 % de sus ingresos operacionales.
 
A partir de 2006, Dosquebradas, además de mejorar su sistema, se aprovisionó de la empresa Aguas y Aguas de Pereira y otras, lesionando en alto grado los ingresos de Empocabal por el servicio de acueducto. Según datos de SUI, por este concepto cayeron de $4.578 millones en 2012 a $2.271 millones en 2013, con pérdidas por $851 millones. No obstante, para el 2015 volvió la empresa a presentar saldo positivo por $47 millones, como consecuencia del recorte de personal y que el sindicato Sintraemsdes hubiera pactado un alza de salarios del 1 %. Por ello olió mal que en agosto de 2016, ocho meses después de posesionarse, el alcalde Henry Arias, de la cuerda del senador Merheg y escogiendo a dedo, hubiera firmado un contrato en el que se compromete con la empresa Serviaraucarias –una firma SAS comercial, con solo tres meses de constituida– a “suministrar agua potable tratada en bloque” y “al transporte, tratamiento y disposición final de agua servida”. Un contrato a insólito por 20 años, que obliga a Empocabal a entregarle el líquido potable a Serviaraucarias, a la beneficiaria, como se la denomina en el documento, pero que en verdad es una iniciativa inmobiliaria de largo alcance en Santa Rosa, y que le garantiza asimismo la correspondiente disposición de las aguas servidas.   
 
Es de la mayor gravedad que las razones para esta obsequiosa cesión sean, por un lado, que Empocabal debe “aprovechar su capacidad y experiencia para vender agua en bloque” y que “en su plan de inversiones regulado no tiene contemplado la expansión de infraestructura para dar servicio de acueducto a otros usuarios que se encuentren por fuera del perímetro urbano de Santa Rosa de Cabal”. Es decir, que aunque siga recaudando el componente de inversión pagado por los usuarios en la tarifa, Empocabal renuncia a expandirse en favor de un tercero privado que la reemplazará y que, simultáneamente, le ayudará también a dicha tarea, brindándole la materia prima. Que se conozca, no hay empresa –y menos pública– que por vía contractual suscriba y pueda autolimitarse enajenando su objeto social en favorecimiento de otro.
 
Ahora bien, el asunto adquiere un olor más nauseabundo cuando el suministro pactado no excluye que la recién aparecida Serviaraucarias compre a precios de hoy, a menos de $1.600, el metro cúbico de agua tratada en bloque y pueda montar una planta de embotellamiento cuya utilidad bruta sería exponencial, producto del cual ya circulan algunas muestras. Además de entregarle el área rural para usufructo de monopolio, agréguese que se anuncian 13 planes de vivienda autorizados por Planeación Municipal y que el mismo Plan de Desarrollo contempla mejorar 400 viviendas más entre urbanas y rurales y construir otro tanto. Ante la negativa de expansión de Empocabal hacia esta nueva clientela y del proyectado aumento de la cobertura actual, del 91 % al 94 %, vale preguntar: ¿Serán ya nichos reservados de antemano para Serviaraucarias? 
 
El sencillo ejemplo de este municipio risaraldense muestra que el tamaño no importa, ni lo macro ni lo micro, ni el alcance de los acueductos, porque la imaginación de quienes hacen carrera negociando con el patrimonio público no tiene término. ¡Business, only business!
 
El Acueducto de Yopal: ¿viacrucis o calvario?
 
Yopal se fundó en 1915, y 36 años después tenía apenas 3.122 habitantes y fue nombrada capital del nuevo departamento del Casanare, en 1973, siendo una ciudad joven en comparación con el resto de cabeceras territoriales. En 1993 ya contaba con 44.761 pobladores, pero el gran crecimiento dio con el auge petrolero en la región. Para 2005 eran 103.754 yopaleños y para 2015 eran más de 140 mil, de los cuales casi 120 mil viven en el casco urbano. En sólo 20 años, Yopal triplicó su población.
 
 Algunas crónicas testimonian que para 1994 el Acueducto de Yopal se quedó pequeño. Cubría los 31 barrios existentes, pero el suministro de agua debía racionarse dos horas al día, basado en un sistema que se remonta a los años 80 y comienzos de los 90. Según el alcalde de la época, Blas Hernández, la cobertura de acueducto era del 100 % y de alcantarillado, del 65 %.
 
El sistema se amplió a la par que Yopal crecía, agregando tanques a la planta original y más redes hasta que, con la capacidad casi saturada, colapsó el 29 de mayo de 2011, tras el derrumbe del cerro Buenavista. A partir de entonces comenzó un viacrucis sin precedentes, marcado por corruptelas y chambonadas que superan la imaginación. De inmediato se contrataron carrotanques para proveer a la ciudadanía: Ecopetrol contrató 23 y otro tanto el municipio, por conducto de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), a razón de $1,5 millones al día, solución de emergencia convertida en mina de podredumbre que aún hoy sigue dando réditos. En 2012, el alcalde William Celemín, quien había hecho su campaña con la bandera del agua, lanzó con bombos y platillos un convenio interadministrativo con la EAAAY, para que contratara a dedo a la Unión Temporal Planta Modular Yopal 2013, fachada de un reconocido contratista. Los consejeros presidenciales, Iván Mustafá y David Luna, anunciaron a comienzos de diciembre de 2013 la inauguración de la Planta, presentándola como la panacea. Sin embargo, a la víspera de la inauguración, en la que estaría el presidente Santos, estalló a las 4:30 p.m. un tanque de la planta, que no resistió la presión, dejando en evidencia graves desatinos en el diseño, denunciado luego como plagio de una obra en Cuba, y una construcción defectuosa con materiales y procesos deficientes. En abril de 2016, dos años y medio después, se dictó medida de aseguramiento domiciliario contra Celemín, quien fue destituido por la Procuraduría e inhabilitado por trece años, contra otros tres funcionarios y, en un centro carcelario, contra el contratista, de apellido Salcedo. La pérdida en el disparate se estima en más de $11 mil millones. A la carrera, empezaron a paliar la catástrofe con soluciones de emergencia. En esa línea, surgieron los pozos subterráneos profundos y la construcción de una nueva planta modular alterna, en un proyecto coordinado por Superservicios en el marco de la intervención que hizo a la EAAAY en 2013. La red de pozos conectados al acueducto y la planta –según lo esperado– surtirían a Yopal con 454 litros por segundo para cubrir 400, que es la demanda efectiva. 
 
¿Qué ha pasado con esta medida provisional? Pese a otro convulsionado paro en junio de 2014 y a las epidemias por retrovirus y enteritis, apenas 18.500 suscriptores, de un total de 34.500, se abastecen hoy de diez pozos profundos, según Informe de EAAAY de noviembre de 2016. La otra planta modular alterna, contratada por el Fondo Empresarial de la Superservicios –por un valor de $11 mil millones en noviembre de 2015– con el Consorcio Interyopal, liderado por William Vélez, opera desde julio de 2016 y suministra agua a la zona central del municipio con problemas de turbiedad y de presión en épocas de invierno y a menos de 140 litros por segundo. Respecto a la continuidad, una medición del servicio para septiembre de 2016 lo consideraba no satisfactorio, con apenas 17,5 horas diarias, mientras que al menos el 20 % de los suscriptores de Yopal sigue aprovisionándose con carrotanques.
 
Como si lo anterior fuera poco, la llamada solución definitiva, la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), ha sufrido más de un traspiés. Fue adjudicada en abril de 2015 por Findeter, con la supervisión del Minvivienda, al grupo español Abengoa por $56.147 millones. En noviembre de ese año, el grupo se declaró en quiebra con obligaciones totales en impago por 25 mil millones de euros, lo cual lo impelió a no adelantar el proyecto y sólo hasta febrero de 2016 cedió el contrato al grupo español AZVI, con el 40 %, y a firmas nacionales, que se desempeñan en el Valle del Cauca, con el 60 % restante. 
 
Tampoco este consorcio ha sido ajeno a los escándalos. En junio de 2016, AZVI fue el hazmerreír de la ingeniería mundial al develarse su fracaso en la edificación de un puente elevadizo en Chile, que simplemente no elevó. En estas manos está el agua futura de Yopal. A lo anterior se añade que se han sembrado dudas sobre la viabilidad del lote donde se está erigiendo, no sólo porque está dentro de la ronda del río Cravo Sur, en zona de riesgo y sometido a la inestabilidad que podrían causar los pozos petroleros próximos a ser explotados, sino también por los problemas en su adquisición. Y son apenas dos de las 200 inconsistencias denunciadas en junio de 2016 por una Veeduría Ciudadana sobre la consultoría que estructuró la PTAP. Hace meses Findeter debió aceptar que, en efecto, se requieren ajustes y más recursos.
 
 Mientras el laberinto permanece sin salida, y ya son más de 5 años, los saldos negativos son alarmantes. Los usuarios pagan facturas por valor $500 millones mensuales y desde mayo de 2011, a pesar del inexistente y precario servicio, han contribuido con no menos de $35 mil millones. Algunos voceros dicen que en los primeros cuatro años se habían gastado en Yopal $117 mil millones de agua en bolsa. Y los cálculos más conservadores sobre el importe del alquiler de carrotanques, de fondos públicos y privados, llegan a más de $25 mil millones en este lapso, ya que tan solo en 2015 fueron $7.400 millones. 
 
A todas estas, EAAAY, todavía intervenida, está volviendo a mostrar resultados financieros negativos. Para noviembre de 2016 registraba pérdidas por $2,929 millones, retornando a periodos como 2012, 2013 y 2014, con pérdidas acumuladas por $9.200 millones, siendo 2015 una excepción, cuando obtuvo utilidades positivas por $2.419 millones.
Tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/acueductos-contaminados-corrupcion-articulo-674279

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